Mouris Salloum George*
Hasta la década de los setenta, los precios internos de los derivados del petróleo estaban en México muy por debajo de las cotizaciones mundiales del crudo.
En el ramo de productos agropecuarios para la alimentación, los precios se regían por una política socialmente compensatoria.
Para la década de los ochenta, en que los tecnócratas neoliberales impusieron a los mexicanos la superstición del crecimiento hacia afuera, esas políticas giraron en reversa.
Con independencia de los precios del crudo o de los granos a la baja en los mercados internacionales, en México los consumidores fueron obligados a pagar tarifas siempre al alza, sin compadecerse de los impactos en la inflación.
Dada la gravedad del impacto de esos fenómenos en la economía popular, no tomamos a la ligera ese proceso cuando lo vinculamos a otro hecho de suyo vergonzoso, que es la marca de la casa del régimen neoliberal: La corrupción público-privada en nuestro país.
De acuerdo con estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), así como evaluaciones de Transparencia Internacional, existe un tabulador mundial que fija de facto, pero ya institucionalizadas, las tarifas de la corrupción, que los inversionistas incluyen en el costo de sus proyectos.
Contratos públicos, 27 por ciento; para que “todo salga bien”, 22
Verbigracia: Aseguramiento de contratos gubernamentales, 27.4 por ciento. Para que en el trámite contractual en el ramo de construcción todo salga bien: 22.5 por ciento.
Son sólo dos factores entre 14. En el caso del Poder Legislativo federal, la sola gestión de recursos presupuestales adicionales para los gobiernos estatales y municipales, el moche llegó a tabularse hasta en 36 por ciento del monto total asignado.
Esa internacionalización de los costos de la corrupción cobró auge extraordinario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A finales de ese periodo, se tasó en un billón de pesos al año la carga dineraria extra sobre los hombros de los compatriotas.
Lo que se va a paraísos fiscales se resta al erario público
Durante el primer semestre de 2019, en al menos dos ocasiones el FMI ha lanzado alertas a los gobiernos: En los Estados parte en que se combate la corrupción, los ingresos fiscales aumentan 4 por ciento el alcance de su Producto Interno Bruto (PIB) anual.
En los Estados en que hay omisión frente a esa peste, la ecuación se da en estos términos: Un funcionario va a estar más dispuesto a aceptar sobornos “cuando todo mundo acepta sobornos”.
La conclusión sociológica informa que, si existe impunidad frente a los delitos de cuello blanco que se perpetran “en lo alto”, el resto de la sociedad tiende de imitar las conductas desviadas, segura de que no se expondrá a penalizaciones.
El segundo de los reportes aludidos se atribuye al director gerente interino del FMI, David Lipton en el que se hace una cuantificación de la corrupción que generalmente pasa por los paraísos fiscales, amenazando el bienestar de la población en general por un deficiente gasto social.
Cita: Aquel dinero se pierde para los gobiernos que bien podrían utilizarlo en mejorar la vida de las personas. Son crecientes las demandas de recursos gubernamentales para impulsar el crecimiento en algunas economías avanzadas, construir infraestructura en mercados emergentes y mejorar la salud y la educación en el mundo en desarrollo, según el texto de Lipton en la publicación del FMI, Finanzas y Desarrollo.
México, lugar 138 entre 180 gobiernos evaluados
En junio pasado, el Americas Society Council, en el Índice de capacidad de combate a la corrupción 2019, colocó a México en sexto lugar entre los ocho países más corruptos de América Latina.
Otros Índices sobre percepción de la corrupción reportan la ininterrumpida caída libre de México en esa disciplina, al grado de colocar a México en el lugar 138 entre 180 países evaluados.
No es, pues, dicho estigma, un fenómeno cultural, como se afirmaba en el sexenio pasado: Es un Plan rigurosamente maquinado con las tres agravantes: Premeditación, alevosía y ventaja. Una política deEstado, se le tipificó hace apenas unos meses.
No la queremos con chongos; simplemente bien peinada
Tenemos ya a la vista el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. El Congreso de la Unión recibe las proyecciones fiscales para 2020. En el entorno administrativo, se han dado pistas sobre el entramado en el que operan los agentes de la corrupción, que tiene como resultado pérdidas fiscales tasadas en billones de pesos.
En el cuadro en el que, con base en 14 variables, se califica a gobiernos latinoamericanos, en una escala de 10 Chile aparece con 6.66 puntos. México, con 4.65. Reprobado. No se espera, en la nueva era, la calificación óptima. Al menos una regular. Se vale soñar.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
