El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), general (retirado) Augusto Heleno, rebatieron con firmeza y hasta con rispidez las críticas de la canciller alemana, Angela Merkel, por la deforestación de Brasil y los reparos del Presidente Francés, Emmanuel Macron, a la política ambiental brasileña. En visita al Parlamento Alemán, el miércoles 26 de junio, la canciller alemana afirmó que pretendía “tener una discusión clara” con Bolsonaro sobre el asunto, durante la reunión cumbre del G-20, en Osaka, Japón (28-29 de junio).
A su llegada a Osaka, Macron afirmó que el esperado acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (EU) y el Mercosur, negociado hace años, no se alcanzaría si Brasil abandona el acuerdo climático de París, como Bolsonaro llegó a amenazar, antes de su toma de posesión de la presidencia.
Ya en Japón, contestó: “Ellos (los alemanes) tienen que aprender mucho con nosotros. El presidente de Brasil no está aquí como algunos anteriores vinieron para ser regañados por otros países. No, la situación aquí es de respeto para Brasil. No aceptaremos tratos como en el pasado de algunos jefes de Estado que estuvieron aquí” (Veja, 27/06/2019).
A su vez, el general Heleno fue más enfático, al afirmar que existe una estrategia “de preservar el ambiente de Brasil, para que más tarde ellos (los extranjeros) lo exploten,” con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, “sabidamente al servicio de gobiernos extranjeros.” Según él, Bolsonaro “no va a aceptar determinadas llamadas de atención a Brasil,” y agregó que Brasil debe tener una política ambiental de interés del país.” “¿Esos países qué critican? No nos molesten” exclamó. (O Globo,27/06/2019).
Días antes, el martes 25, el senador Mauricio Bittar (MDB-AC) en discurso pronunciado en el plenario del Senado, afirmó que el Fondo Amazonia (financiado por los gobiernos de Alemania y Noruega) fue creado para impedir el desarrollo de la cuenca del Amazonas brasileña y pidió una investigación al respecto. “Brasil no está en venta,” dijo, y agregó que los convenios firmados con los órganos ambientales de municipios y estados amazónicos tienen por finalidad que estos órganos actúen como “correa de trasmisión” de intereses extranjeros en el país.
Sin embargo, hablar fuerte no es suficiente, es fundamental que las palabras enérgicas sean acompañadas de actos igualmente determinados. Como hemos recalcado en este medio, la principal vulnerabilidad de Brasil es la dependencia de los recursos externos para el financiamiento parcial de las normas ambientales, lo que dificulta la adopción de un plan ambiental dirigido a las necesidades reales del país.
Este fue el caso, por ejemplo, del célebre Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales de Brasil, más conocido como PPG-7, activo entre 1992 y 2009, que funcionó como un importante factor para enmarcar al país al “verde indígena” fabricado en Washington, Londres, Berlín y otras capitales del Hemisferio Norte. En sus 17 años de funcionamiento, Brasil recibió un total de 463 millones de dólares, 45 por ciento de los cuales provenían de agencias del gobierno alemán. En comparación, el Fondo Amazonia, casi totalmente financiado por los gobiernos de Noruega y de Alemania, recibió casi 1 300 millones de dólares desde 2009.
Y, como ya resaltamos, a pesar de la disposición del actual gobierno en enfrentar esa insidiosa estructura del “gobierno mundial” mal disfrazada de movimiento en defensa del ambiente y de los pueblos indígenas, existen incongruencias. La dependencia prosigue en casos recientes. Por ejemplo, uno es el de los 96 millones y medio de dólares recibidos del Fondo Climático Verde (Green Climate Fund) de Naciones Unidas (UN), y el otro, el convenio de 100 millones de dólares firmado con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para promover el uso sustentable de productos forestales de la cuenca del Amazonas.
