El epicentro del horror se encuentra una vez más en México, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ha abierto una investigación por corrupción de menores contra la Policía Comunitaria en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera.
En una decisión desesperada por enfrentar la creciente violencia y la presencia del grupo criminal “Los Ardillos”, este grupo armó a 20 niños como último recurso para proteger a su comunidad.
Es indignante ver cómo las autoridades estatales han demostrado una vez más su incompetencia y negligencia al ignorar las múltiples propuestas y solicitudes de auxilio de esta comunidad. En lugar de brindarles apoyo y seguridad, les negaron su derecho a la protección y obligaron a estos inocentes niños a posar con las armas para presionar a un gobierno ineficaz y apático.
Las palabras de la FGE, prometiendo “velar por el interés superior de la niñez” quedan vacías frente a una realidad desoladora. ¿Dónde estaban estas autoridades cuando Cecilia Gaspar Hernández, su esposo José Teodoro Domingo y sus hijos, Roberto y Gaudencio, fueron secuestrados hace días en Zacatepec sin que hasta el día de hoy se tenga conocimiento de su paradero?
Es claramente una vergüenza que el gobierno actual prefiera cargar todo el peso de la ley contra aquellos que buscan protegerse y defender a su comunidad en lugar de enfrentar la fracasada estrategia de seguridad que ha dejado a México sumido en el caos y la impunidad. Mientras tanto, no vemos más que abrazos y compasión hacia los verdaderos responsables de la violencia, los grupos criminales que siguen campando a sus anchas.
Es fundamental que la FGE trabaje en conjunto con las autoridades estatales y federales para prevenir futuros actos similares y promover la concientización de los pobladores sobre los derechos de los niños y adolescentes. Pero esto no puede ser solo una promesa vacía, sino una acción inmediata y contundente que brinde paz y seguridad a esta comunidad y a todas las demás que sufren la misma realidad.
Es hora de que las fuerzas armadas federales refuercen sus acciones en esta zona, coordinándose con las comunidades para generar un cambio real y duradero. No podemos permitir que más niños sean utilizados como escudos frente a la inoperancia del Estado.
En última instancia, la fiscalía debe cumplir su compromiso de promover, respetar y garantizar los derechos de los niños y adolescentes, tal como se establece en los instrumentos y tratados nacionales e internacionales. No podemos seguir permitiendo que se pisoteen estos derechos básicos mientras el gobierno se enorgullece de su supuesta transformación.
Es hora de un cambio real y valiente. Es hora de que el gobierno deje de regalar impunidad y abrazos a los criminales y comience a brindar justicia y seguridad a sus ciudadanos. La comunidad de Ayahualtempa y todas las comunidades en México merecen vivir libres del miedo y la violencia, y es responsabilidad de las autoridades cumplir con su deber de proteger y servir.
No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación, es hora de levantar nuestras voces y luchar por un México verdaderamente seguro y justo.
