La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente a Rosario Robles que tenía conocimiento de que, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social, así como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, hubo desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos a través de 27 convenios con universidades autónomas, politécnicas, así como con sistemas de radio y televisión estatales.
Durante el inicio de la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, los fiscales acusaron que Robles Berlanga fue omisa al haber sido informada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las irregularidades presentadas en las dependencias que encabezó entre 2012 y 2018 y nunca decírselo al presidente Enrique Peña Nieto.
ASF, SÍ TIENE FACULTADES PARA DEFENDER HACIENDA PÚBLICA
Al inicio de la audiencia, la defensa de la exfuncionaria federal tuvo un primer revés pues buscaba dejar fuera del proceso a la ASF con argumentos legales; sin embargo, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo concluyó que la Auditoría «sí tiene facultades para defender a la hacienda pública y ser parte de la investigación y el proceso», por lo que se le debe reconocer el carácter de ofendido.
Por un momento, el equipo legal de Rosario Robles puso en aprietos a la fiscalía al solicitar con precisión exacta cuáles y cuántos eran los convenios en los que se involucra a su defendida.
