El diputado federal de Morena Cipriano Charrez Pedraza, involucrado en un accidente automovilístico donde murió calcinado un joven en octubre pasado, en el municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, anunció que solicitó licencia a su cargo.
Charrez acudió con un grupo de seguidores a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo donde hizo el anuncio, tras acusar que anteriormente no lo quiso recibir el titular Raúl Arroyo González “porque era yo diputado”.
Acusó al procurador de utilizar la información en su contra para atacarlo políticamente.
SE LANZA CONTRA LA PRENSA
Luego se lanzó contra los medios de comunicación que exhibieron videos y gráficas del momento -en que ayudado por uno de sus asistentes-, huyó aquella madrugada del accidente ocurrido en el municipio de Ixmiquilpan donde un joven murió calcinado.
También arremetió contra el exmandatario José Francisco Olvera Ruiz, a quien llamó “asesino de campesinos” y a cuyo gobierno -dijo- combatió siempre de frente, publica el diario La Razón.
7 DENUNCIAS POR DISTINTOS DELITOS
Además de la carpeta de investigación que se abrió ante la PGJEH por aquel accidente, Cipriano Charrez también acumula 7 denuncias por distintos delitos, según consta en los expedientes:
Por hostigamiento, amenazas de muerte y lesiones (12/DAP/321/2014); dos relacionados con abuso de poder (7/III/001/2004 y 7/II/769/2012); otras dos por lesiones (7/I/530/2006 y 7/III/352/2011), una más por lesiones y daño a propiedad (7/I/65/2011) y otra referida por violación a la ley electoral (PGJH03-03*15.2/012-2013).
En su expediente también figuran dos causas penales en las que también se cita a su hermano, el actual alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez, bajo los expedientes 69/2004 y 217/2006, la primera por daño a propiedad y la segunda por amenazas.
Por si ello no fuera suficiente, durante su cargo como presidente municipal de Ixmiquilpan, Cipriano posee una recomendación por el órgano estatal defensor de derechos humanos bajo el expediente CDHE-VGJ-0535-13, esto por violación a los derechos a la seguridad y legalidad.
